INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO AUDIOVISUAL: CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO DE POLÍTICAS REGULATORIAS

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIOVISUAL PRODUCTION AND WORK: CONSIDERATIONS ON THE DESIGN OF REGULATORY POLICIES

Cómo citar: Albornoz Saroff, V. (2024). Inteligencia artificial generativa en la producción y el trabajo audiovisual: consideraciones sobre el diseño de políticas regulatorias. Revista Argentina de Comunicación 12(15), 32-55.

Doctoranda en Ciencias Sociales (UNQ-CONICET), Magíster en Industrias Culturales (UNQ); Diplomada en Gestión Cultural (UBA); Licenciada en teatro (UNC). Dirige el proyecto “Desafíos político-normativos frente a procesos de digitalización en el ámbito productivo y laboral del sector audiovisual”. Programa UMET Investiga. Integra el Centro de investigación ICEP-UNQ y el PICT Flexibilidad del trabajo audiovisual en la era digital”, dirigido por María Bulloni. Es docente en grado de las materias Sector audiovisual y Estadísticas y sistemas de información cultural (UMET) y del curso de posgrado Perspectivas de género en las industrias culturales (UNQ). Argentina. valbornozsaroff@gmail.com

Este artículo propone explorar desde un enfoque cualitativo el impacto de la utilización de modelos generativos de inteligencia artificial y sus efectos en la producción nacional audiovisual orientada a plataformas a partir de la perspectiva de las entidades empleadoras y laborales. Su diseño metodológico consiste en un relevamiento de información documental sustantiva, la delimitación del universo para la realización de un análisis de caso y la elaboración de entrevistas semi-estructuradas en profundidad.

Los resultados obtenidos, fruto de un estudio en desarrollo, arrojan implicancias ambivalentes: la irrupción de estas tecnologías acelera tendencias que se encontraban en progreso y a su vez, modifica el paradigma de la creación de contenidos audiovisuales. El sector local brega por mejoras en las condiciones de competitividad para la industria, sin la cual no es posible desarrollar innovación tecnológica. Pondera el debate parlamentario y el fortalecimiento de la negociación colectiva para enfrentar la reconfiguración de un mundo laboral donde la dirección que puedan adoptar dichas transformaciones aún no ha sido determinada.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa; producción audiovisual; trabajo

This article proposes to explore from a qualitative approach the impact of the use of generative models of artificial intelligence and its effects on national audiovisual production oriented to platforms from the perspective of employer and labor entities. Its methodological design consists of a survey of substantive documentary information, the delimitation of the universe for carrying out a case analysis and the preparation of in-depth semi structured interviews.

The results obtained, progress outcome reserch, show ambivalent implications: the emergence of these technologies accelerates trends that were in progress and, in turn, modifies the paradigm of the creation of audiovisual content. The local sector strives for improvements in the competitiveness conditions for the industry, without which it is not possible to develop technological innovation. It considers the parliamentary debate and the strengthening of collective bargaining to face the reconfiguration of a world of work where the direction that these transformations may take has not yet been determined.

La utilización de modelos generativos de inteligencia artificial en diversos ámbitos de la interacción social representa un debate de relevancia tan creciente como su uso, dado la baja barrera de acceso que ofrecen las herramientas de aplicación de estas tecnologías. Pese a la trascendencia de la temática, la literatura sobre sus efectos y los posibles ejes de intervención para las distintas actividades en general, y a las pertenecientes al ámbito de la cultura y la comunicación en particular, es escasa.

Distintas investigaciones referidas al impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral advierten el reemplazo del trabajo humano y la creación de nuevos puestos con altas exigencias en capacidades vinculadas al manejo de programación informática (Eloundou et.al., 2023; Acemoglu & Rastrepo, 2022). Surgen cuestionamientos acerca de ciertas afirmaciones que profesan el incremento de la demanda laboral con la incorporación de estas tecnologías, ya que los conocimientos requeridos necesitan de niveles de alta capacitación. Un estudio de Gmyrek et.al. (2023) donde utilizan el modelo GPT-4 para estimar las potenciales consecuencias en el empleo a nivel global y por grupo de ingresos de los países, señala que el impacto más importante de la tecnología es mejorar el trabajo, automatizando algunas tareas dentro de una ocupación en lugar de automatizar completamente las ocupaciones. Sin embargo, estos resultados varían según el nivel de ingreso de cada país: en aquellos de bajos ingresos solo el 0,4 por ciento del empleo total está potencialmente expuesto a efectos de automatización, mientras que en los países de altos ingresos esta proporción aumenta al 5,5 por ciento. A su vez, la incorporación de estas tecnologías implica desarrollo de infraestructura, lo que dificultará la posibilidad de uso en países de bajos ingresos y probablemente aumentará la brecha de productividad entre regiones. Esto arroja un panorama poco alentador para la región argentina que según datos del Banco Mundial de 2023 la economía expresa una contracción anual del 1.6 por ciento principalmente debido a los persistentes desequilibrios macroeconómicos y la fuerte sequía que disminuyó la producción agrícola. En cuanto a estimaciones, el informe “El futuro del trabajo”, publicado en abril de 2023 por el Foro Económico Mundial, indica para la Argentina que alrededor del 22% de los empleos podrán resultar afectados por el avance de la inteligencia artificial y entre los trabajos potencialmente automatizados se encuentran actividades como la creación digital de música, diseño gráfico y la realización de guiones (Landscape, 2023).

Vernicelli (2023), especialista en regulación, señala que Argentina ha experimentado novedades desde el año 2019 mediante la creación de informes, la elaboración de recomendaciones en el plano internacional y nacional así como en la creación de un Centro para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, (CAMIA). Sin embargo, la regulación de la tecnología en general y de la inteligencia artificial, en particular, todavía se encuentra en un estado embrionario.

Respecto del ámbito específico de este estudio, se toma como punto de partida las contribuciones de Carboni & Marino (2024), quienes ofrecen un panorama donde actualizan hasta el año 2022 la evolución del mercado local en plataformas. El estudio indica un incremento de ficciones seriadas y, en menor medida, películas a partir de asociaciones entre productoras locales y empresas de origen extranjero como EEUU, España, entre otros, a la par que la producción de ficción disminuye en las empresas locales “tradicionales” como señales de televisión abierta y paga. En materia normativa, advierten sobre la existencia de un marco regulatorio desarticulado que no contempla el proceso de convergencia ni cuenta con alcances sobre los eslabones de la producción de las OTT (over the top, por sus siglas en inglés).

Estos movimientos crean tensiones y complejidades hacia los colectivos de trabajo técnico incorporados a la producción de series en plataformas caracterizadas en la línea de investigación de Bulloni (2024). La autora da seguimiento a la vida de un conflicto sobre condiciones laborales desde sus inicios hasta la llegada de un acuerdo paritario. Observa que la conflictividad inicialmente se vinculó a la pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario elevado y luego también escaló hacia demandas por modalidades flexibles respecto de lo establecido en el convenio colectivo de trabajo. La implementación de esas condiciones afectó modalidades contractuales, la organización de la jornada, la conformación de equipos y de las categorías laborales, encuadrando a ciertas actividades en los niveles salariales más bajos.

Interesa destacar entre sus hallazgos, que la discusión por el reencuadramiento de las categorías involucró esfuerzos no solo por parte del accionar sindical sino también demandó la participación de las asociaciones profesionales que aglutinan a la actividad técnica. Estos aspectos novedosos forman parte de los desafíos de las entidades laborales locales y serán considerados en el desarrollo de los apartados posteriores en complementariedad con la perspectiva del derecho laboral (Grisolia, 2022; Recalde, 2017).

Este artículo procura explorar las implicancias locales de la implementación de la Inteligencia Artificial Generativa, en adelante IAG, en actividades de la producción audiovisual de contenidos orientados a plataformas OTT y su relación con políticas regulatorias.

De manera específica propone: i) identificar percepciones y experiencias de las entidades que conforman la industria local en relación a la organización de la producción y el trabajo; ii) enmarcar los desafíos que se plantean en su contexto; iii) conocer y describir los instrumentos y propuestas en danza para la adopción de estas transformaciones.

Con referencia al Diseño de la muestra y el procedimiento realizado para este trabajo, entre septiembre y octubre de 2023 se realizaron consultas preliminares a referentes de entidades empresariales, sindicales, autorales, profesionales del sector audiovisual y se realizaron cuatro entrevistas semi-estructuradas.

Se entrevistó a una persona que representa a una entidad gremial del sector empleador, a un abogado corporativo que ejerce una representación en la negociación colectiva a empresas de telecomunicaciones que incluye a plataformas internacionales y a tres representantes sindicales que forman parte de comisiones directivas.

La elaboración de los resultados se realizó a partir de la revisión de bibliografía clave y en complementariedad con documentos y proyectos de ley sectoriales, -incluidos los acuerdos paritarios que regulan el uso de la IAG en actividades de guionistas, artistas e intérpretes-, informes económicos, normativas e investigaciones propias que se encuentran en curso.

El arribo de las empresas de plataformas audiovisuales hacia finales de la última década del siglo XXI impulsa un proceso de modificación de la industria local y su tradicional modelo de negocios. La actividad que hasta hace poco tiempo se encontraba mayormente subvencionada y regulada por el Estado ha sido permeada cada vez más por la inversión privada, principalmente de origen estadounidense (González, 2022). La fuente de financiamiento de fomento público al sector proviene de un impuesto a la facturación de las señales satelitales y de televisión abierta y paga, y un porcentaje de las entradas por la exhibición de contenidos en salas de cine y el alquiler de productos físicos. Dado el desplazamiento del consumo audiovisual hacia otro tipo de pantallas personales, este esquema recaudatorio se ve limitado de manera significativa.

La fisonomía de la producción de contenidos orientada a plataformas se compone por unidades económicas locales que tienen una escala media, pequeña o micro (mipymes), las cuales se organizaron gremialmente en cámaras a comienzo de la década de 1990. Sin embargo, según las fuentes consultadas, en la actualidad, muchas de las empresas emergentes se encuentran por fuera de estas organizaciones: las que desarrollan videojuegos y tecnologías inmersivas –quienes adoptan estrategias colectivas formando asociaciones del tercer sector más no así de manera económica- y streamers (realizadores de transmisiones en directo), quienes no tienen una articulación supra organizacional pero son consideradas en este grupo porque representan unidades económicas que contratan personal técnico, producción, locutores, periodistas, autores literarios, entre otras actividades. En el grupo empleador también operan empresas de plataforma de origen extranjero como Amazon Prime y Youtube, entre otras, pero se destacan estas compañías dado que poseen ventajas competitivas por desarrollar sus propias unidades de inteligencia artificial.

También se encuentran las plataformas de origen nacional. Un informe sectorial elaborado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) en 2023 actualiza el mapa de plataformas locales cuyo modelo de negocios proviene de señales de cable o satelital como DirectTv Go, Flow y Telecentro Play y también el surgimiento de empresas de actividades económicas que no pertenecen originalmente a la producción audiovisual, como el caso de Mercado Libre, nativa del comercio electrónico, y la petrolera Axion. Todas estas actividades son contempladas en el régimen de Promoción a la Economía del Conocimiento mediante la Ley 27.506 impulsada por el Poder Ejecutivo en el año 2019. A través de la misma se promueven incentivos fiscales en la carga tributaria, aportes patronales, e impuestos a las ganancias. En el año 2020 a través de esta normativa se pudo incorporar mejoras fiscales para empresas que capaciten y empleen a grupos de personas como mujeres, travestis, transexuales y transgénero.

Por su parte, la rama obrera cuenta con sindicatos nucleados gremialmente desde hace más de cincuenta años. Uno de estos casos es ARGENTORES, cuya comisión directiva asumió en el año 2023 la representación gremial al obtener la inscripción como sindicato.

La Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional- integrada por productoras, distribuidoras, sindicatos, asociaciones profesionales y autoralistas, presentó un documento en el año 2021 a través del cual reclamaron que las plataformas extranjeras se constituyan en el territorio nacional; se cumplan las cuotas de pantalla para contenidos nacionales en medios locales -establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la ley de Cine- y solicitaron el establecimiento de cuotas para plataformas así como gravámenes para plataformas con segmentaciones entre nacionales y extranjeras-.

En esta presentación esta Multisectorial también propuso que se profundicen las políticas de fomento a la producción federal; la adecuación de la excepcionalidad a la Ley de Régimen de la Propiedad Intelectual N° 11.723 y la debida compensación para autores e intérpretes^[1].

Tiempo antes, el robustecimiento de la agenda de políticas de género entre las entidades del sector dio paso a un camino de articulación que confluyó en la denominada Ley de Equidad de Género en los Servicios de Comunicación 27.635, en pos de promover la igualdad de oportunidades laborales y trato no discriminatorio. La normativa resultó aprobada en el año 2021 y fue reglamentada dos años más tarde.

En el año 2022 las organizaciones del sector junto con representantes de la Cámara de Diputados presentaron tres proyectos que obtuvieron estado parlamentario: el reencuadramiento de la actividad de plataformas dentro de los servicios de comunicación audiovisual; la conformación de un fondo de fomento a la actividad audiovisual federal; y la creación de una caja salarial complementaria para períodos de trabajo eventual y discontinuo.

En el año 2022 un quinto proyecto consiguió ser sancionado por las dos cámaras del Congreso nacional, dando origen a la ley 27.432 que estableció la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas que reciben las instituciones públicas de cultura y comunicación. Dicha medida fue valorada positivamente, aunque también calificada por algunos de sus protagonistas como “defensiva” (DEISICA, 2023) por tratarse de una disposición que preserva lo ya consolidado.

Parte de este relevamiento, incluye la participación local en un conflicto sectorial a escala global que tuvo entre sus motivaciones fundacionales la regulación de la IAG.

El 14 de julio de 2023 desde la división de Artes, Medios de Comunicación y Entretenimiento de la Unión Global de Sindicatos organizaron manifestaciones en diferentes regiones del mundo en solidaridad con la huelga de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés). La medida de fuerza tuvo origen en el reclamo por mejores condiciones laborales y salariales, teniendo entre sus demandas una mejor distribución de los beneficios económicos y el reconocimiento de derechos inmateriales fruto del trabajo en producciones para la creación de contenidos video a demanda y la regulación de la IAG.

En la ciudad de Buenos Aires, las entidades sindicales del sector audiovisual local sumaron su apoyo a la lucha de sus pares norteamericanos realizando una manifestación en la sede de Netflix Argentina. Tras meses de huelga, en septiembre de 2023 las entidades empresarias y obreras obtuvieron un acuerdo donde por primera vez se reguló la utilización de la IAG.

El testimonio que sigue pertenece a una persona informante que ejerce la representación de una entidad empleadora local. Ante la consulta sobre las expectativas respecto de la aplicación de IAG opina que “el sector necesita adaptarse, capacitarse para entender y poder aprovechar sus alcances”.

En relación a los potenciales beneficios, tiene expectativas sobre la reducción de costos para producción. En cuanto a la aplicación de IAG en contenidos, cuenta que se viene incorporando fundamentalmente en programas de entretenimiento que involucran juegos de adivinanzas mediante creaciones de personajes sintéticos y de piezas musicales, y de manera más incipiente, en la realización de guiones para experimentar opciones y probar ideas para crear historias. Sin embargo, expresa incertidumbre ya que se trata de cambios muy recientes.

En relación a la especificidad de la producción audiovisual local orientada a plataformas, realiza una evaluación y señala distinciones entre el vínculo con agentes locales y extranjeros.

Los proyectos para compañías internacionales cuentan con volúmenes de mayor presupuesto respecto de la producción local y se trata principalmente de empresas norteamericanas que se mueven con estándares y contratos propios de su país que demandan contrato de seguros y auditorías sobre costos de producción.

El entrevistado considera que en Argentina el trabajo se orienta principalmente a empresas de televisión y le parece que, si bien “la televisión como medio sigue siendo importante, está en baja”.

Por otra parte, analiza que los requerimientos al momento de producir resultan más simples puesto que basta con presentar proyectos con sus presupuestos y el contenido (piloto, en la jerga audiovisual). En general, los contenidos son sometidos al escrutinio de las audiencias y de acuerdo a la recepción, en plazos no mayores a tres meses se determina si la propuesta continúa o finaliza. “En el mercado se compite no solo entre colegas, sino entre países. Los contenidos nacionales son reconocidos internacionalmente y poseen un estándar de calidad, pero no alcanza con eso”, describe.

Respecto a las políticas del sector, el entrevistado representante de una entidad empleadora de Argentina opina: “La ley de Economía del Conocimiento es buena. También hubo un

cash rebate (medidas de devolución de dinero) que se paró, pero sería bueno que se siga sosteniendo”.

Una de las principales preocupaciones que manifiesta es la posibilidad de obtener mejores condiciones de competitividad en Argentina. En este sentido observa que en países como Colombia se impulsan políticas nacionales y distritales de incentivo económico y de devolución de dinero (cash rebate) e impuestos (task rebate).

También menciona que Uruguay implementa una devolución de dinero muy agresivo que permite que le devuelvan al productor un gran porcentaje de la inversión y, además, no cobran IVA.

En este sentido explica que esta política impositiva influye en que gran parte de las producciones argentinas se filmen en Uruguay. “Vos tenés ejecutivos en Miami que toman las decisiones y miran a Uruguay o dicen: ´Bueno, hay una historia argentina que está buena pero andá, cruzá el charco y hacela en Uruguay. Me llevo a los actores. Hay que llevarse de acá al equipo principal, los directores de fotografía, el vestuario, de los lugares principales. Te llevás 10, 12 puestos y todo el resto para abajo son locales. Y lo hacés y funciona”, describe.

La persona informante aclara que, si bien en Argentina al sector exportador se le devuelve el IVA, el tiempo que demora hace que se devalúe el dinero.

Dentro de las entidades también están las productoras que prestan servicios de equipamiento tecnológico para la creación de contenidos audiovisuales. Se trata de un grupo minoritario respecto de las que producen obras audiovisuales - integradas por “puro recurso humano, todo cerebro”, describe el informante clave.

Las empresas tecnológicas son las que tienen los “fierros”: cámaras, switcher (conmutador que sirve para interconectar equipos), artefactos de iluminación y sonido. Entre los puntos de mayor complejidad, el principal diagnóstico es que Argentina está quedándose atrás en la tecnología. A modo de ejemplo, el informante comenta: “Tenemos que cambiar el switcher cada dos o tres años porque tienen un montón de funciones que no se pueden hacer y que en Europa se hacen. Vos ves que en un canal estadounidense tienen eso y después la gente lo quiere ver acá, pero no lo pueden hacer porque no tienen ese switcher”.

El entrevistado expresa que la dificultad de renovar equipamiento comienza con el hecho de que no pueden importar al dólar oficial. Con respecto a las políticas de empleo, opina que resulta necesario actualizar los convenios colectivos para generar trabajo.

El siguiente testimonio pertenece a un abogado corporativo de empresas de tecnologías y de telecomunicaciones que incluye una plataforma audiovisual extranjera. Además, participa de la negociación con sindicatos. Desde el punto de vista de la utilización de la tecnología para impulsar la productividad, su diagnóstico es que nuestro país atraviesa un retraso con respecto a la media mundial.

Con respecto a la producción audiovisual advierte: “Invertir en IA sigue siendo caro en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que, hablando a valores internacionales, tenés empleo muy devaluado. Argentina ha perdido el flujo de lo que es el esquema internacional de producción audiovisual. Sacando EEUU, te diría que los principales productores audiovisuales del mundo occidental son Canadá, España y, en otro escalón, México, Colombia, Brasil. Hoy nadie trae una inversión a Argentina, hay cosas chiquitas, pero con los condicionamientos que hay las compañías prefieren ir a Colombia, donde hay incentivos fiscales, un régimen laboral mucho más amigable al inversor, usan castellano neutro y no tienen tanto acento como nosotros.”, detalla.

La persona informante agrega que en el presente Argentina también tiene muchos problemas vinculados a la Propiedad Intelectual que incide en que las empresas multinacionales se cuiden de traer cuestiones de innovación.

Ante la consulta por la aplicación de IA en procesos productivos, señala: “He visto IAG aplicada a algunos procesos, para control de tráfico de paquetes de información en la red^[2] en empresas de telecomunicaciones. También en softwares para empresas de medios de comunicación que los están utilizando para notas sencillas, informes del tiempo, horóscopo, ese tipo de cosas. Pero todavía no veo una masividad. No tenemos un proceso en el cual Argentina está adaptando los guiones de una ficción porque no se está produciendo ficción.”

En su testimonio, el entrevistado explica que la producción de programas televisivos de entretenimiento como el “Cantando”, o el “Bailando” hacen innecesario la implementación de IAG en la creación de guiones porque no los hay.

Ante este panorama el informante consultado considera que se ralentiza la aplicación de la nueva tecnología, con excepción de los medios de empresas de internet que pueden estar usando IAG para la paquetización de información que se envía a un satélite.

El entrevistado considera que Argentina cuenta con ventajas en tanto hay buenos profesionales, un buen nivel de idioma inglés, un uso horario que acompaña y salarios en dólares bajos. “Casi que no necesitarías incentivos fiscales. El problema que tenés es que la barrera de entrada al capital es enorme. Nadie invierte en la industria audiovisual, que te diría más que invertir es apostar, si no puede retirar después su ganancia”, opina.

El entrevistado analiza que en Argentina a las empresas les lleva uno o dos años formar a un profesional para exportar servicios de software o programación de IA. “Empezás a exportar. Esas exportaciones que hacés como empresa y vendés afuera, te las liquidan a un tipo de cambio al 50% de su valor. Vos le pagás a ese chico o esa chica que hace el trabajo un salario en pesos que surge de tu rentabilidad tomada en dólares al 50% de su valor. Ese mismo chico trabajando para una plataforma extranjera no pasa por el sistema del comercio exterior de la Argentina, cobra directamente en dólares, no paga impuestos en el país. ¿Qué decisión termina tomando ese joven? Se va de la empresa y empieza a trabajar para el exterior. Con lo cual para la empresa es una despauperización enorme. Todo el proceso de formación termina alimentando un competidor externo que no paga impuestos. Entonces la distorsión que genera el mercado de cambios por el modo en que está regulado hace muy difícil que puedas trabajar en estas condiciones”, explica.

Ante este panorama, las empresas suelen recurrir a distintas alternativas como la apertura de subsidiarias afuera del país. “En Argentina debe haber un 30, 40% de exportaciones de todos estos profesionales que no son declaradas, que se abrieron una sociedad fuera del país y cobran afuera. Y parece que no, pero eso debe ser 3 mil, 4 mil millones de dólares por año.”, detalla el informante clave.

Distintas fuentes consultadas respecto de la aplicación de la IAG por parte de trabajadores, traen a colación su uso en procesos de creación de obras que pertenecen a actividades que tienen un mayor grado de autonomía como la dirección de arte o la escritura de guiones –fundamentalmente en fases de experimentación- y en la elaboración de productos para pruebas destinados a conseguir financiamiento. Esto reemplaza procesos que, en el caso de prototipos de escenografías u objetos, implicaban anteriormente la utilización de programas de edición digital.

Una primera cuestión que advierten es que la implementación de la IAG impacta de manera heterogénea.

A modo de ejemplo, una de las personas informantes grafica que las actividades pertenecientes a las ramas técnicas de quienes operan y dirigen la cámara tiene posibilidad de ser reemplazado por IAG según el género audiovisual. Por ejemplo, puede ser utilizado en formatos televisivos en donde el ámbito de trabajo (estudio de grabación) es más controlado y estandarizado.

En cambio, parece más difícil utilizar la IAG para la producción de ficción ya que requieren de la toma de decisión humana y de sus capacidades creativas.

La opinión de esta persona es que la posibilidad de que una IAG reemplace el trabajo humano es menor.

Por otra parte, estas personas no perciben que la adopción de la IAG en el ámbito de la industria audiovisual local –tanto por parte de trabajadores como de las empresas- se esté convirtiendo en una práctica de manera generalizada.

Al proponer profundizar en las estrategias y herramientas para enfrentar las transformaciones que podría generar la implementación de las IAG, una de las personas entrevistadas expresa: “Si la regulan los gobiernos me parece fantástico. Pero tenemos que regularla los trabajadores desde los convenios colectivos. Esto es algo nuevo y no sabemos cómo va a evolucionar.”

Basándose en experiencias anteriores, cuenta: “Nosotros hemos ido acompañando estos cambios y pensábamos que el impacto en el trabajo iba a ser terrible. Después en la práctica resultó que es cierto que algunas funciones desaparecieron pero aparecieron nuevas. El problema fue que la gente que no pudo readaptarse a las nuevas tareas quedó en el camino”.

Respecto a los límites y desafíos que enfrenta el sector a nivel local, la persona entrevistada señala: “Nosotros vivimos en un país con una crisis de deuda y restricciones a las importaciones. A nuestro sector siempre le llevó unos años que lleguen acá esas tecnologías pero últimamente se ralentizó ese tema. En el caso de EEUU son sindicatos muy grandes. Ellos están bancando un paro con el aporte que las primeras figuras están poniendo para la huelga. Nosotros también somos grandes, pero eso es algo que no podríamos hacer.”

El informante expresa que la experiencia de este país va a ser una guía para manejarse cuando llegue a Argentina. “Por eso estamos afiliados a un sindicato global donde tenemos dentro un sector para la comunicación y el entretenimiento y eso nos permite tener información sobre lo que se nos va a venir y empezar a mirar cómo vamos a enfrentar ese tipo de cuestiones acá en Argentina. Es muy importante el rol que juegan los sindicatos. Necesitamos una buena negociación colectiva donde el Estado tiene que ayudar en un diálogo donde cada uno diga lo que tiene que decir, una parte con la otra y tratar de buscar el bien común”, analiza.

El conflicto que se desarrolló en Estados Unidos y tuvo como resultado la primera regulación laboral para el uso de las IAG implicó medidas de fuerza que se extendieron durante meses. Trabajadores de guión sostuvieron una huelga general de 148 días, y artistas de medios e intérpretes actorales lo hicieron durante 118 días. En septiembre de 2023, las representaciones sindicales y la Alianza de productores de cine y televisión -la parte empleadora de la negociación colectiva que representa a los principales estudios y servidores de streaming norteamericanos como Disney, Amazon Prime, Netflix, HBO, entre otras-, firmaron el acuerdo paritario. En esa negociación se trató por separado y de manera prioritaria aspectos sobre condiciones laborales y distributivas en el trabajo para la producción de contenidos de video a demanda, ampliando de manera significativa contribuciones a la seguridad social y los salarios provenientes de producciones de alto presupuesto –incluidos derechos residuales (derechos intelectuales); cláusulas sobre transparencia de datos en streaming, sujeta a confidencialidad, en el que las compañías deberán proporcionarle a cada entidad gremial la cantidad de horas transmitidas tanto a nivel nacional como internacional.

El sector de guionistas consiguió mejoras en el reconocimiento de créditos (el tipo de participación que tuvo un autor/a en una producción audiovisual) y la estructura salarial, y SAG-AFRA incorporó convencionalmente medidas para contrarrestar mecanismos de discriminación hacia minoridades, personas con discapacidad y diversidades étnicas, como también especificaciones sustantivas contra la violencia laboral por razones de género, el acoso e instrucciones específicas para reportar violaciones.

En el acuerdo alcanzado se estableció que: ni la IA “tradicional” ni la IAG son una persona ni un escritor.

Por su parte, la negociación de SAG-AFRA, dispone que un intérprete sintético es un activo creado digitalmente y no es una réplica digital.

En todos los casos se debe obtener el consentimiento de la persona trabajadora. Las reuniones pueden incluir discusiones para mitigar la utilización de datos sesgados que puedan resultar discriminatorios. Los contratos deberán contar con información clara y conspicua, consensuada y firmada por la persona trabajadora, en un documento por separado.

En lo que respecta a la regulación específica de la IAG, empresas y sindicatos acordaron el compromiso de mantener reuniones semestrales a solicitud de las entidades gremiales, sujeto a los acuerdos de confidencialidad para discutir y revisar el uso de las IAG.

Las partes reconocen que las definiciones de esta tecnología varían, pero acuerdan que el término IAG se refiere a un subconjunto de inteligencia artificial que aprende patrones a partir de datos y produce contenido basado en esos modelos, y puede emplear métodos algorítmicos.

El uso de la IAG en la producción audiovisual en Argentina es incipiente. No es percibido de manera generalizada sino aislada. Al mismo tiempo, su llegada genera expectativas por el lado del capital en relación con la posibilidad de bajar costos. Tanto por parte de empleadores como de trabajadores se manifiesta la posibilidad de que esto genere pérdida de puestos de trabajo. Las entidades aseguran que no están dadas las condiciones para incorporarlas masivamente. En consonancia con proyecciones del estudio de Landscape (2023), su utilización comienza a tener algunos alcances en actividades vinculadas a la operación y tratamiento de la música y el sonido, y la creación de personajes sintéticos en contenidos de no ficción como la producción de programas, principalmente de entretenimiento.

Algunos proyectos comienzan a utilizar IAG en fases de la escritura literaria de guiones durante el proceso de experimentación, con el objetivo de obtener distintos enfoques sobre una historia. También en parte de los procesos de actividades con mayores niveles de automatización como las que se realizan con programas de edición digital, por ejemplo, en la creación de modelos para elaborar prototipos de diseño escénico.

En base a esta información se advierte que no solo las actividades técnico-creativas que se encuentran más atravesadas por la mediación digital son las que potencialmente pueden estar más propensas a ser incorporadas por la IAG, sino también actividades alcanzadas por el derecho intelectual como la interpretación actoral y la escritura literaria.

El tipo de contenidos de ficción pareciera ser el último bastión en incorporar IAG debido a la cantidad de vicisitudes que se presentan en la construcción de una escena y la complejidad de sus componentes (clima, planos, interacción de personajes, etc.) que resultan más difíciles de controlar que los elementos que se ponen en juego en una transmisión de programas televisivos donde su organización productiva es más estandarizada.

Se identifican las circunstancias económicas como eje de relevancia que conecta directamente con las condiciones de posibilidad de incorporación de IAG en la industria local. Las representaciones de las entidades empleadoras y de trabajadores coinciden en algunos diagnósticos y preocupación por la crisis en consonancia con la contracción del crecimiento económico del país.

Las entidades empresarias locales y extranjeras, indican en varias oportunidades la persistencia de barreras de entrada al mercado muy altas, con costos poco convenientes para producir y un mercado de cambios inestable.

Esto se refleja en limitaciones a la hora de una eventual incorporación de IAG, lo cual las conduce a optar por volverse conservadores a la hora de invertir en la renovación de bienes de capital.

Dado que existe una relación directa entre inversión para el desarrollo de infraestructura y producción, este estancamiento sostenido en el tiempo no conduce a mejorar la posición regional respecto de la incorporación de IAG, como menciona Gmyrek et.al. (2023).

Dentro del eje económico, se encuentra la cuestión del empleo. Los testimonios señalan como objeto de preocupación que la llegada de la IAG posibilitará el reemplazo del trabajo humano y con ello, la disminución de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la situación económica impacta en la pérdida de poder adquisitivo por causa de la depreciación salarial.

Frente a esta situación, la postura entre las entidades empleadoras tiene puntos de coincidencia respecto de la necesidad de formación como una manera de intervenir ante el problema de reducción de empleo.

Desde la perspectiva sindical entienden que las personas que no consigan esa adaptación pueden quedar excluidas y que el camino es regular la utilización de la IAG desde los convenios colectivos.

En el eje regulación, se advierte desde las entidades empresarias la preocupación por las condiciones de competencia que entienden mejorarían si contaran con mayores incentivos fiscales, beneficios tributarios y una política de flexibilización laboral.

A su vez, interesa destacar lo señalado por la entidad extranjera que propone aprovechar el tiempo para que el Estado, las cámaras y los sindicatos discutan de manera consultiva el modo en que se adoptará socialmente una transición para incorporar IAG, en acuerdo con Gmyrek et.al. (2023), no esperar a abordar estas transformaciones de manera retroactiva.

En tanto las entidades sindicales, generan estrategias de articulación entre las actividades laborales del sector, buscando ampliar los temas de agenda, como en el caso de la incorporación de políticas de género y diversidad, y también incrementar su base de consenso hacia el resto de las entidades, sumando a una parte de las empresas empleadoras a partir de experiencias como la elaboración de propuestas legislativas a través de proyectos y leyes. Esta perspectiva de integración también contiene experiencias internacionales de solidaridad con sindicatos en instituciones supranacionales como la Uni Global Union.

Frente a las transformaciones tecnológicas, una lectura sobre la reconfiguración del sector

La situación actual posibilita el avance de las lógicas económicas de las plataformas extranjeras y modifican las relaciones de los agentes locales. En consonancia con lo señalado por Carboni & Marino (2024) respecto de las tendencias del mercado audiovisual, la persona entrevistada en representación de entidades empleadoras locales opina que, si bien la producción de contenidos para señales y canales de televisión continúa siendo importante, se encuentra en una tendencia a la baja ya que se encuentran más atraídas por plataformas extranjeras ante los volúmenes de inversión.

La conjunción de inestabilidad económica con normativas flexibles, posibilita el incremento de la deslocalización de la industria audiovisual que se manifiesta tanto en el traslado de los procesos de producción de empresas extranjeras hacia el país -como en el caso de las plataformas extranjeras que operan en Argentina- y también en la transferencia de actividades que realizan las empresas nacionales hacia países extranjeros.

La deslocalización de producciones audiovisuales en el exterior representa una pérdida económica en materia de creación de puestos de trabajo –directos e indirectos- y menor ingreso de divisas al país.

El avance de estas lógicas se traduce en una dispersión de las entidades gremiales, tanto las empleadoras como las laborales. Por el lado de las empresas, la matriz económica y normativa posibilita el surgimiento de jugadores de peso provenientes de actividades que no se encuadran en la producción audiovisual. En este mapa también aparecen entidades que realizan contenidos en streaming.

Si bien, existen experiencias recientes por parte de las representaciones sindicales para regularizar las actividades de los canales de streaming como el caso documentado por Bulloni (2024), estos emergentes son quienes se encuentran menos organizados y tienen mayores grados de desprotección para enfrentar vínculos abusivos por parte de las plataformas.

En general, estas experiencias dependen de las empresas extranjeras para el desarrollo de las etapas productivas de distribución y monetización de sus contenidos debido a que sus relaciones se rigen por la política de la empresa foránea y no por el derecho internacional que regula los términos económicos y comerciales entre países.

El mismo modus operandi aplica en el caso de la relación entre trabajadores de actividades alcanzadas por la propiedad intelectual y plataformas extranjeras, pese a que en sus países de origen tienen regulaciones específicas. La ausencia de un marco normativo en el ámbito nacional deviene en una contienda desigual signada por conflictos judiciales en reclamo por el reconocimiento de créditos y compensaciones económicas provenientes de los derechos residuales.

En tanto, el colectivo de trabajadores y sus instituciones de solidaridad también experimentan movimientos en dispersión por la ausencia de controles y la aplicación de mecanismos para que las entidades empleadoras cumplan con el debido registro. La dispersión económica de las empresas que no se encuadran en el sector audiovisual profundiza la proliferación de acuerdos contractuales individuales. El empleo regulado por convenio colectivo es reemplazado en fraude a la ley de contrato de trabajo por lo establecido en el derecho comercial.

El desplazamiento del paradigma de trabajadores protegidos por el de proveedores de servicios opera en detrimento de mecanismos que hacen al funcionamiento de la actividad como la certificación de libre deuda sindical, condición necesaria para obtener subvenciones públicas para la producción establecida en la Ley de Cine.

Al mismo tiempo, la disminución de la tasa de afiliación impacta en el financiamiento de sus organizaciones sindicales y erosiona el sistema solidario de seguridad social y previsional.

El modelo sindical argentino abarca a trabajadores de la misma actividad estén o no afiliadas y el reconocimiento de la discontinuidad en buena parte de las labores que cuentan con convenios colectivos específicos -como las ramas técnicas, actores e intérpretes- vuelve a estos grupos destinatarios de otros derechos como el acceso a la jubilación, la salud, y otros específicos según la actividad, entre otras cuestiones.

Apuntes sobre el hito en la regulación laboral de la IAG en actividades del audiovisual norteamericano

La incorporación de la experiencia norteamericana introduce un antecedente sobre la regulación en la implementación de la IAG por parte de las entidades sindicales.

Se destaca que fruto de la negociación por este conflicto, las entidades fijaron en acuerdo paritario una cláusula donde establecen reuniones periódicas para revisar y discutir futuras controversias a solicitud de las organizaciones sindicales. De este modo se inaugura un esquema de negociación novedoso que responde a la incertidumbre que genera la implementación de esta tecnología en el mundo del trabajo.

Otra novedad fundacional representa que las partes interesadas hayan establecido de manera expresa que la IAG no es una persona. Ello indica que una creación sintética o un producto creado con IAG no puede ser objeto destinatario de los derechos que sí le corresponden a una persona humana. Tampoco pueden ser beneficiarias las empresas que explotan obras a partir del uso de la IAG. Esta definición como principio, refuerza lo consolidado en las bases del derecho de autor que establece la titularidad y protección de obras creadas por personas humanas y en el derecho laboral que entiende al trabajo como una actividad que realiza de manera intransferible una persona humana a cambio de un salario.

Implica un límite a una forma de expropiación intelectual producto del trabajo que contienen los bienes culturales, de la que hasta entonces solo se beneficiaban las empresas desarrolladoras y las que adquirían estos servicios.

En otro orden, consensuar de manera conveniada la preservación de las fuentes de trabajo mediante cláusulas que prohíban el reemplazo de la IAG por trabajadores humanos es imprescindible para evitar el advenimiento de problemas mayores frente a la amenaza de la pérdida de puestos de trabajo tan presente en las agendas de los sindicatos.

Dada la importancia que tiene para sociedades con modelos de modelos de organización donde los derechos sociales se desprenden del trabajo: ingresos, la seguridad económica, cobertura previsional y de salud, licencias pagas, entre otros, este paso es importante para mantener en funcionamiento estructuras como la norteamericana o la argentina.

Establecer de común acuerdo que el trabajo mediado por la implementación de IAG debe ser especificado en un documento por separado, con el consentimiento del trabajador o trabajadora, mejora la transparencia de la información necesaria para prestar consentimiento y distribuir el control al colectivo de trabajadores.

La actualización normativa que se desarrolló en este proceso enmarcó en la discusión paritaria avances significativos respecto del abordaje de la violencia, discriminación y el acoso laboral con perspectiva de género y diversidad.

Si bien no es posible transpolar la resolución de disputas en contextos geopolíticos tan disímiles como el de Argentina y el de Estados Unidos, esta experiencia representa una afectación social a derechos colectivos y la creación de nuevos derechos, amplificando los ejes de la discusión paritaria en el ámbito laboral audiovisual.

El instrumento de negociación colectiva también implica contemplar medidas que acompañan los procesos de desarrollo de la industria y establece los alcances que cada parte interesada tiene respecto de la dirección de las políticas de innovación tecnológica, en este caso. Es relevante no perder de vista los antecedentes locales respecto de la regulación social del trabajo en la esfera local. Los avances documentados en el estudio de Bulloni (2024) que definieron como salida del conflicto el reencuadramiento de las actividades que debido a la irrupción de las lógicas de organización del trabajo de las plataformas se encontraban desacopladas, posibilitó actualizar esa realidad. Fundamentalmente representa un proceso de construcción de respuestas ante los desafíos que plantea el nuevo escenario tecnológico. Este tipo de experiencias abre nuevos espacios de diálogo social y sitúa condiciones de posibilidad.

A la luz de los resultados encontrados, la aplicación de IAG en la producción audiovisual local se encuentra en ciernes y no se advierten experiencias que pudieran representar una amenaza en el corto plazo. Asimismo, el modo que el sector comienza a vislumbrar su incorporación no se manifiesta en todas las etapas del proceso creativo sino en una parte de estas, pudiendo simplificar la intervención humana pero dependiendo necesariamente de ella.

Una parte de los factores que limitan el desembarco de la IAG se vincula con el contexto económico y el debilitamiento del flujo de la producción nacional. Las medidas implementadas desde el Poder Ejecutivo no parecieran acompañar las demandas del sector –tanto en el caso de las entidades empleadoras como de trabajadores- para conseguir una posición beneficiosa. En este sentido, alcanzar mejores condiciones productivas se torna estratégico para posibilitar la adopción del nuevo paradigma tecnológico traccionado por la implementación de la IAG.

Es probable que una discusión sobre la regulación de la IAG en el sector audiovisual requiera de la atención de debates postergados o que no alcanzaron madurez, como en el caso de la regulación de las plataformas audiovisuales o cuáles son las estrategias necesarias para alcanzar niveles de capacitación acordes. Encontrar un camino que señale las claves para mejorar el modo de incorporar la IAG al ecosistema local requerirá integrar el punto de vista de las y los actores que lo conforman, el fortalecimiento de la industria local y la amplificación de la protección laboral.

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[1]La ley del Actor establece en su capítulo II Contrato de Trabajo, artículo 8 que “en ningún caso podrá entenderse como incluido en la remuneración conveniada los derechos de propiedad intelectual” y el Decreto 1914/2006 reconoce la representación por la explotación de derechos intelectuales a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. El resto de las actividades del audiovisual que cuentan con el reconocimiento de estos derechos son: autores musicales, guionistas y directores de cine. De estas, únicamente cuentan con representación sindical las personas músicas con estabilidad laboral y recientemente, autores-guionistas.